a degradación ambiental ya no es una mera preocupación para apoyar el deber de defender y preservar el medio ambiente sano. Por tanto la Constitución Federal de 1988, ha estandarizado no sólo el derecho de acceso a un medio ambiente sano, como se prescribe en el deber de su defensa y protección, especialmente para el Gobierno, también responsable de la preparación y ejecución de las políticas públicas para afectas desarrollo sostenible. Sin embargo, este lastre, algunas acciones públicas están causando o riesgos y daños medio ambientales significativos, cuya degradación a veces puede incluso ser objeto de restauración, como ocurre con la realización de algunas obras de construcción, renovación o extensión decrumprindo el Gobierno su deber de protección del medio ambiente. Junto a este deber, el entorno reglamentario proteccionista higid nos ofrecen instrumentos de actuaciones destinadas a preservar el medio ambiente, tanto de forma preventiva, como forma comisivos. El primero a través del Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, el segundo por la Auditoría Ambiental realizada por control externo. El principio de prevención es intrínseca a la Ley del Medio Ambiente, en colaboración con otras disciplinas por el principio de la participación, los esfuerzos de sumas para cumplir con el deber de proteger el medio ambiente imbuido con el Gobierno. Por estas razones, el objetivo principal del presente estudio ha sido elaborado por el método hipotético deductivo, por la documentación directa e indirecta, es identificar objetivamente la forma de Auditoría Ambiental, como una herramienta fundamental para controlar las acciones de la degradación ambiental en Adiministração pública, especialmente objetivo para el seguimiento, verificación y evaluación de la ejecución de obras públicas y sus respectivos resultados, antes del cumplimiento de las políticas públicas relacionadas con ellos.
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