El derecho sucesorio en su conjunto es carente de producción científica, lo que
lleva a su alejamiento de los valores humanitarios y solidarios propios del Estado
Social, sus escasas actualizaciones no siguieron las transformaciones sociales, ni
la evolución inpulsada por la constitucionalización del derecho privado. Pero existen
institutos sucesorios en una situación aún peor, como la indignidad y la
desheredación, cuya falta de investigación y actualización de legislación provocó
una innegable falta de coherencia con la realidad y con los dictados
constitucionales. Está en institutos adecuados del derecho romano, prácticamente
detenido desde las Ordenanzas del Reino, lo que lleva a cuestionar si el interés en
la sanción patrimonial sigue siendo solamente privado o si hay un interés social en
ampliar la aplicabilidad y mejorar la funcionalidad de la exclusión sucesoria, lo que
sustentaría la necesidad de una reforma amplio, en el sentido de transformarlo en
un instrumento efectivo de control social, enfocado a la sanción y prevención de la
violencia doméstica y familiar. La investigación consiste en: exponer los errores de
la desactualizada legislación vigente, para seleccionar los mayores problemas que
provocan su ineficacia para combatir gran parte de las agresiones practicadas entre
miembros que integran una misma entidad familiar; muéstrale el permiso y el
estímulo de la Constitución Federal para las modificaciones necesarias,
especialmente por parte de principios como el de solidaridad y de preceptos
fundamentales, como el de la función social de la herencia; presentar diferentes
reglas establecidas en algunas legislaciones extranjeras, para ayudar a base legal
de la mayoría de las sugerencias; destacar la adhesión de la indignidad a la ley
penal, por su compatibilidad con su función y simetría con los demás efectos
extrapenales de la condena; señalar los numerosos beneficios derivados de la
eventual migración de su aplicación por la jurisdicción penal; y propone, con
originalidad, la extinción de la desheredación y la imposición de la indignidad como
efecto secundario extrapenal específico de la condena penal, como vértice de la
constitucionalización del derecho privado, que posibilita la aproximación e
integración del instituto patrimonial con el derecho público, armonizándolo con los
valores éticos y morales actuales de la sociedad brasileña.
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